Cómo afectará a las empresas la Ley de Información No Financiera

 en Responsabilidad Social Empresarial

A raíz de la aprobación de la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad, trasposición de la Directiva Europea 2014/95, España se ha convertido en un referente a nivel europeo en materia de divulgación de información no financiera. Los niveles de exigencia en la aplicación de la citada ley son de las más altos de Europa. Y lo son no solo por la cantidad de sociedades obligadas a presentarla, sino además por la concreción y definición del contenido del informe. La mencionada Ley 11/2018, a través de una modificación legal, establece la obligatoriedad para una serie de empresas de publicar un Estado de Información No Financiero (EINF) relevante en relación a sus actividades.

El Estado de Información No Financiero (EINF) en la práctica es un documento que resume las políticas sobre responsabilidad social corporativa de la organización. Cuando entró en vigor la Ley en 2018, el primero de los dos requisitos de obligado cumplimiento por una empresa para elaborar el EINF era el número de trabajadores. Concretamente, contar con una plantilla media superior a 500 empleados. El segundo de los requisitos o criterios es que dicha empresa tenga la consideración de entidades de interés público, o bien que durante dos ejercicios consecutivos en la fecha de cierre del balance, hayan superado dos de los tres criterios siguientes: 20 millones de € en el total del activo del balance, 40 millones de € en el importe neto de la cifra de negocios.

Esta obligación afectaba inicialmente a las empresas de más de 500 trabajadores. La novedad este año radica en la disposición transitoria establecida en dicha Ley 11/2018. Según esa disposición transitoria, a partir de 2021 la obligación del estado de información no financiera se extiende a las empresas de más de 250 trabajadores.

Puede parecer que dicha reducción en cuanto a la plantilla de las empresas como criterio podría ser casi anecdótico, pero los datos estadísticos de la evolución del estado empresarial indican otra cosa. Así, el tejido empresarial español se ha caracterizado durante años por el predominio de las microempresas. Y, más concretamente, por constituir el 94,48% de las empresas antes de la pandemia.

Por ello, se estima que conforme a lo recogido en la disposición transitoria de la Ley 11/2018, en 2022 unas 30.000 nuevas empresas estarán obligadas a presentar el EINF.

La elaboración eficaz del primer informe del Estado de Información No Financiero ha de realizarse con criterio y profesionalidad. Las razones son evidentes: una, por tratarse de una obligación legal nueva; y la segunda, más importante, por afectar a distintas áreas de la organización, requiriendo varias vías para recolectar la información. El primer informe del Estado de Información No Financiero será clave y servirá como referente para elaborar la estructura del informe y definir los procesos de recolección de información que facilitará la labor en los ejercicios anuales posteriores.

Obligadas o no a presentar el EINF no hay que olvidar la creciente demanda de transparencia por parte de inversores, consumidores y de la sociedad en general. Por ello, las empresas que internamente comiencen a adquirir valores positivos, y sepan informar adecuadamente en sus estados financieros y no financieros, estarán en una mejor situación competitiva frente al resto.

Desde Coordina ofrecemos ayuda profesional a las empresas que se enfrentan por primera vez a este reto en el cumplimiento de la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad.

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