A la espera del marco regulador de la normativa de sostenibilidad ambiental FQD
Ha transcurrido algo más de un año desde la aprobación del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo. Con carácter de urgencia se aprobó la adopción de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. En ese RD-Ley se expone la obligación de reducir en un 6% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) durante el ciclo de vida de los combustibles.
El problema ha surgido por una falta de regulación a ese respecto. La ausencia de un borrador todavía en exposición pública por parte del Gobierno de España para establecer, entre otros, cuáles son las mezclas de biocombustibles permitidas implica un limbo legal. Esta falta de un marco regulador de la normativa de sostenibilidad ambiental FQD (Fuel Quality Directive) implica una desigual asuncion de las competencias en materia de biocarburantes. No todos los operadores del mercado tienen la posibilidad de mezclar su producto sin restricciones, por ejemplo con gasóleo B de movilidad. Solo los grandes operadores petrolíferos con capacidad de “coprocesado” la poseen. El resultado no solo es el paro de la actividad en la mayoría de las plantas de biodiésel de España. También tiene consecuencias sociales en tanto se plantean ERTEs con el grave perjuicio para la economía, sobre todo a nivel local y regional.
La reducción de la competencia también ha llevado parejo un encarecimiento de los precios de biocombustibles que son repercutidos al consumidor final. Ello ha provocado que la demanda de biodiésel en España haya caído drásticamente. La Asociación Nacional de Productores de Biodiésel a partir de Residuos, EWABA España, ha denunciado la falta de regulación del sector ante el Gobierno. Le insta así a que se establezcan, entre otros, cuáles son las mezclas de biocombustibles permitidas. Esa petición de la EWABA España, con carácter urgente, hace hincapié, además en un aspecto determinante. Que la competencia se dirija a la reducción de emisiones y coste final en los consumidores frente al de favorecer una tecnología y medios al alcance solo de grandes operadores petrolíferos.
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